La mugre debajo de la alfombra
Precarización, empresas que desaparecen y sueldos muy bajos, son algunas de las dificultades que enfrentan quienes trabajan para empresas que prestan servicio al estado. Desde hace unos diez días, tribunales se quedó sin limpieza. Los trabajadores reclaman el sueldo de junio y el aguinaldo. La situación se repite, y aunque cambien de concesionario, el responsable siempre parece ser la misma persona.
La política de la precarización y tercerización laboral por parte del gobierno nacional y los gobiernos provinciales no es nueva. En la provincia de Córdoba, en el sector público, gran porcentaje del personal no está registrado o escondido en monotributos. El Estado, que tendría que combatir el trabajo en negro, lo practica en forma generalizada.
Lo mismo ocurre con empresas de servicios contratadas por el estado, que luego se encargan de tareas que los diferentes gobiernos distribuyen como “botín” político. En estas “empresas”, la mayoría de lo trabajadores están sin registrar y reciben una remuneración mucho menor de la que percibiría un empleado estatal en ese puesto. Lo peor es que son creadas con una sola finalidad: facturarles al estado, y cuando pierden ese contrato “quiebran”, y todos los trabajadores quedan en la calle sin poder cobrar sus sueldos e indemnizaciones. Directa o indirectamente, el estado siempre aparece en la precarización laboral.
Bajo este manto de concesiones pocos claras y manejadas a dedo por el gobierno provincial, aparece una empresa de servicios de limpieza de nuestra ciudad. La misma mantiene a alrededor de 8 trabajadores en “vilo”, a los cuales se les adeuda los sueldos de Junio, el aguinaldo, y en pocos días más deberían percibir el haber de julio. Ante esta situación, los mismos dejaron de realizar –desde hace unos diez días- las tareas de limpiezas que deben desempeñar en los Tribunales de San Francisco, aunque concurren a sus lugares de tareas.
Indagando sobre la situación que se da en los tribunales de San Francisco, quedó a la luz un escenario totalmente irregular. Esta empresa de limpieza, que también prestaría servicios en los Tribunales Federales y en el hospital Iturraspe, pagaría sueldos que apenas superan los dos mil pesos mensuales y ha ido mutando de nombres en al menos cuatro oportunidades, aunque el encargado de administrar las diferentes empresas siempre fue la misma persona. Actualmente, los rumores hablan de que le habrían revocado el contrato a la “Empresa Las Marías”, actual concesionaria del servicio de limpieza, con lo cual los trabajadores perderían sus fuente laborales, aunque no sería descabellado pensar, que en el corto plazo aparezca la misma persona intentando contratarlos para otra empresa que se adjudicó un nuevo servicio de la provincia. De más está decir que estos empleados difícilmente puedan lograr cobrar algún reclamo por vía judicial, debido a que cuando se cae un concesión de este tipo estas empresas desaparecen y no poseen bienes para responder ante los reclamos efectuados por los trabajadores. “No es nueva la historia” cuentan quienes conocen pormenores de este tipo de contrataciones.
Detrás de esta empresa hay un señor que parece conocer muy bien como quedarse con las licitaciones de limpieza en edificios estatales y que tiene muy buenos contactos a nivel provincial. Esta es la triste realidad y la cruel forma de hacer política de algunos de nuestros gobernantes provinciales, donde la dignidad humana es pisoteada y el “haz los que yo digo, no lo que yo hago” es un constante. En medio de esta historia está los “beneficiarios” del sistema, que se quedan con una importante tajada de dinero por el solo hecho de ser amigos del poder.