Mega causa sojera: piden que se vuelva a investigar a 22 empresarios cordobeses
"La cantidad de prueba es contundente", dijo a Infojus Noticias la fiscal Virginia Miguel Carmona, sobre el cruce de información que hizo con la AFIP y que puso al descubierto una maquinaria organizada para evadir impuestos. Se estima que se movieron más de 1300 millones de pesos en las operatorias ilegales.
En 2008, en pleno boom sojero, un llamado anónimo alertó a la justicia sobre el funcionamiento de un bunker de droga en Villa María. Decenas de gendarmes fueron hasta el lugar y encontraron droga, pero además descubrieron que la mayor actividad de la organziación tenía que ver con el negocio de la soja “en negro” y la evasión tributaria. Seis años después una fiscal federal cordobesa acaba de pedir a la justicia que revierta la falta de mérito dictada a 22 empresarios acusados de formar parte de una asociación ilícita y que los procese por ese delito. Entre las firmas involucradas hay una que pertenece a un concejal afín al gobernador José Manuel De la Sota.
La fiscal Virginia Miguel Carmona pidió los procesamientos tras la información clave que obtuvo del manejo financiero de los empresarios, por el entrecruzamiento de datos que hizo junto con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). “La cantidad de prueba es contundente”, dijo a Infojus Noticias la fiscal.
Durante más de dos meses Miguel Carmona y su equipo trabajaron junto a funcionarios de la AFIP revisando uno por uno todos los documentos secuestrados en los allanamientos que hicieron a lo largo del último tiempo. El desafío era grande: probar el funcionamiento de una organización que tiene un engranaje cuasi perfecto y que operó en campos remotos de Córdoba. “Hicimos una investigación exhaustiva de la causa, revisamos papel por papel todos los documentos que había en más de 50 cajas y se revisó toda la información que había en las computadoras. De los datos analizados calculamos que en tres años hubo más de 1300 millones de pesos en movimiento. Una cifra altísima”, agregó la fiscal federal de Villa María.
Cada documento que analizaron, cada balance y factura incautada, permitió empezar a establecer la red que evadió millones en medio del negocio de la soja, ya en sí mismo millonario. El primer eslabón de la cadena fue el allanamiento a la casa de Fernando Cuello -hoy señalado en el expediente como ideólogo de la organización delictiva- donde la denuncia aseguraba que funcionaba el bunker de droga. “Ahí vieron que el principal negocio era la comercialización de soja marginal y la evasión tributaria”, explicó a esta agencia una fuente de la investigación. A partir de entonces ordenaron la intervención de teléfonos y se empezaron a hacer otro tipo de diligencias para determinar exactamente qué estaba pasando porque la operatoria era nueva y no había indicios reales de todas las partes que la componían. Nadie imaginaba entonces el volumen de dinero que estaba en movimiento.
El perfil de los involucrados
A través de los datos que obtuvieron de la intervención de llamadas, los investigadores empezaron a conocer a los diferentes protagonistas de la trama. Lo que vieron les corroboró que el negocio era millonario. Todas las personas vinculadas a la causa se paseaban en autos y camionetas de alta gama y se vestían con ropa de calidad, cuando hasta hacía poco tiempo vivían con lo justo. Ninguno podía explicar ese crecimiento patrimonial en tan poco tiempo. “Era evidente el crecimiento patrimonial que tenían y del que no podían dar cuenta”, detalló la misma fuente.
Poco después tuvieron acceso a otro dato clave: algunos de ellos hacían retiros diarios de 3 millones de pesos en efectivo de los bancos de la zona donde tenían en cuenta. “Sólo algunos de esos bancos dieron aviso a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), sobre esos manejos de dinero que no cumplían todos los requisitos”, relató la misma fuente.
La fiscal Vriginia Miguel Carmona.
Cómo funcionaba la organización
La complejidad del delito y la dificultad para demostrarlo fueron dos de las principales trabas con los que se encontraron los investigadores que en el último tiempo pudieron dar cuenta de todo lo que estaba sucediendo. “El accionar de estos grupos de personas conformó una asociación ilícita que adquirió cereal en negro a productores que permanecen ocultos y que prefirieron venderlos así para evitar el pago de impuestos y se convirtieron en los primeros evasores de esta cadena. Los que los compraban eran los valijeros, el segundo eslabón de la cadena, a un precio menor que el del mercado. La operatoria se replicó sucesivamente”.
Los valijeros trabajaban para los jefes de las empresas fantasmas que “son firmas que cumplían con todos los requerimientos de la AFIP, pero no tenían nada, ni un empleado, ni un establecimiento, nada. Ellos mandaban a los valijeros y después se encargaban de “blanquear” el cereal para poder exportarlo”, agregó la misma fuente. Estas empresas fantasmas figuraban, en los papeles, como productoras o acopiadoras. Y completaron su operatoria ilícita “metiendo adentro de la asociación a empresas reales para blanquear el dinero que son las que trasladaron el cereal a las exportadoras. Pero estas empresas tenían vínculos con las fantasmas, no es que lo ignoraron. Es imposible que desconocieran el accionar que se estaba dando. Es todo un gran grupo con roles bien definidos”, agregó la misma fuente. Las empresas reales, a su vez, se relacionaron con empresas exportadoras como Bunge, Cargill, Molinos Río de la Plata y Vincentin.
Entre las firmas apócrifas vinculadas a Cuello están Algeciras S.A y Corretajes Group. Otra firma ficticia fue FG Cereales, mientras que entre las “reales” están Cercal SRL (antes Luis Farías e Hijos) y Produc Tan SRL, integrada por Néstor Rubén Beltrame, Marcelo Alberto Sbagzalis y Daniel Ramón Pelayes.
Farías fue ministro de Agricultura de Eduardo Angelóz y Beltrame es concejal de Río Tercero por Unión por Córdoba, el sector que se encuadra detrás de José Manuel de la Sota.
El año pasado el juez de primera instancia, Roque Ramón Rebak, y los camaristas Ignacio María Vélez Funes y José Vicente Muscará dictaron la falta de mérito para los imputados porque que la AFIP no había podido determinar la deuda fiscal de las empresas involucradas. Pero todo cambió con el nuevo trabajo y los datos que se consiguieron. En breve el magistrado deberá expedirse sobre el pedido de Miguel Carmona.
“Es importante que se entienda que el perjuicio de este tipo de delitos es para la sociedad en su conjunto. Que la plata que esta gente evade, es plata que no va a rutas, a hospitales, a planes, a infraestructura. Entender eso es fundamental para ver la magnitud de todo esto”, concluyó la fiscal en diálogo con esta agencia.