.

 style=

Justicia Federal: Por un error procesal Gallardo podría recuperar la libertad

La funcionaria judicial Liliana Navarro en el ojo de la tormenta La funcionaria judicial Liliana Navarro en el ojo de la tormenta

La Defensa a cargo de Mario Ruiz recusó ante la Cámara Federal de Casación Penal de Buenos Aires la investigación llevada adelante por el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba. En la misma plantea que la Dra. Navarro Primero formó parte de la investigación, y luego de la Cámara que le negó el pedido de excarcelación, confirmando todo lo actuado por el juzgado que ella misma conformaba. Esta cuestión podría hacer tambalear la causa y el acusado recuperar la libertad. 

Gallardo fue detenido a fines del 2013 y desde ese momento poco a ocurrido a nivel judicial o al menos oficialmente no se dio a conocer desde El Juzgado Federal N°1 de Córdoba a cargo de Ricardo Bustos Fierro. 

Quien se refirió a esta causa fue la secretaria del Juzgado Liliana Navarro que tildó a Héctor Gallardo de unos de los Narcotraficantes más importantes del país, declaraciones vertidas en medos de la capital, mientras que en medios de San Francisco y la región nunca se pudo conseguir que la funcionaria hable.

Liliana Navarro fue designada vocal de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones en diciembre del 2014, claramente enfrentada con De la Sota por el “narco escándalo”. Desde ese momento pareciera que la causa se planchó sin novedades.

Sin embargo, la semana pasada fue notificado el Dr. Mario Ruiz, abogado defensor de Gallardo, que el próximo 9 de Septiembre se tendrá que presentar en los tribunales de Comodoro Py donde funciona la Cámara Federal de Casación Penal, y en una audiencia oral presentará los supuestos errores procesales que podrían derivar en la libertad de Gallardo. 

El error procesal estaría dado en que Liliana Navarro participó en primera instancia de la investigación que decidió la imputación de Gallardo y luego formó parte de la Cámara que le negó el pedido de excarcelación y confirmó la investigación del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, con lo cual Navarro estuvo de los dos lados del mostrador, confirmando la investigación que ella mismo dirigió, algo sumamente grave en términos judiciales. 

Luego de algo más de año y medio de la detención de Gallardo mucha agua pasó debajo del puente en cuanto  a declaraciones mediáticas. Recordemos que Gallardo está procesado por “organización y financiamiento del transporte y comercialización de estupefacientes", "homicidio calificado en grado de tentativa en carácter de determinador" y "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en carácter de partícipe necesario". Gallardo se coció la boca en febrero del 2014, a la vez declaró que sufría una persecución de la policía y aseguro que él era un perejil. Por el otro lado Liliana Navarro aseveró en todos los medios que Gallardo era cabeza de una organización capaz de mover importantes cantidades de cocaína y de lavar miles de pesos en todo el país.

Sin embargo, desde el otro lado, el abogado defensor de Héctor Gallardo, el Dr. Mario Ruiz, se mostró incrédulo de la información que trascendió en los medios nacionales, dado que tuvo acceso al expediente, y dijo que en la causa no existe una acusación clara sobre su defendido, por otro lado, es común que en este tipo de investigaciones no se dé a conocer los detalles a la defensa hasta el día del juicio.

Si bien la causa se desencadena por una supuesta orden de Gallardo de un asesinato, un dato que pocos tuvieron en cuenta es que habría un testimonio de  una persona arrepentida que declaró  cómo se manejaba esta organización y sería la principal fuente de información para la investigación.

También queda por definir las causas de lavado de dinero en la cual se vieron involucrados profesionales de la ciudad. Si bien las mismas fueron desglosadas de la causa madre, las mismas no habrían sido archivadas hasta el momento según la información extraoficial a la que se pudo acceder pero tampoco cuenta con personas imputadas. 

Sería un despropósito que una causa tan importante, que movilizó cientos de gendarmes por varias provincias argentinas y tuvo un costo millonario se termine por un error procesal. La Cámara de Casación Penal tendrá la última palabra en los próximos días. 

 

 

Subir