Allanamientos a estudios contables truchos en San Francisco: El TSJ autorizó la investigación

Luego de una larga batalla legal, finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba autorizó  a la justicia local para que continúe investigando la causa que se les sigue a diferentes personas de la ciudad acusados de ejercicio ilegal de la profesión.

Todo comenzó en los primeros días de agosto de 2014 cuando a partir de una denuncia efectuada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, el Fiscal de Delitos Complejos Bernardo Alberione ordenó una serie de allanamientos en estudios contables e impositivos de la ciudad donde presuntamente se ejercía ilegalmente la profesión de “contador”.

En dichos allanamientos, la justicia a través de personal especializado en contabilidad secuestró diferentes elementos que servirían para probar el supuesto delito denunciado, o sea, que en estos estudios existían personas sin títulos habilitantes que realizaban asesoramiento contable, impositivo,  liquidación de impuestos y liquidación de sueldos.

En la resolución emitida por el TSJ se puede observar que en la vivienda de uno de los acusados, Alberto Omar Esper, se logra el secuestro de variada documentación contable en papel, declaraciones juradas ante la AFIP, entre otros– y en soporte informático. Siendo que este último no posee titulo autorizante para realizar estas tareas.

Sin embargo, el acusado inició un recurso para impedir que continúe el proceso investigativo, alegando que con los allanamientos  existía una sentencia definitiva y que también se violaba el secreto fiscal al secuestrar diferentes archivos de terceros que estaban en su vivienda.

Desde 2014 la causa se vio trabada por este recurso, a pesar que en todas las instancias recibía fallo favorable para que la investigación continúe (Juez de Control y Cámara de Bell Ville). Finalmente, el martes 07 de junio del corriente mes, el Tribunal superior de Justicia de Córdoba se expidió al respecto y decidió que la investigación por el supuesto delito de ejercicio ilegal de la profesión siga su curso.

En la resolución alegaron que “la admisión de informes ante la AFIP como prueba en la presente causa penal se encuentra autorizada expresamente por la ley, por encontrarse directamente relacionada con los hechos que se investigan. Además, su reserva al ámbito de la presente investigación se encuentra asegurada por las previsiones de los párrafos  2º y 4º del art. 101 de la ley de procedimientos fiscales, y por el secreto de sumario. Ello sin perjuicio de que el acceso a los datos contenidos en tales documentos se efectuará sólo en el sentido señalado, esto es, a los fines de la determinación del tenor de la actividad desempeñada por el denunciado en el marco de la investigación por el delito de ejercicio ilegal de la profesión. En el caso, se trata de una causa criminal y se investiga un delito que nada tiene que ver con el secreto fiscal ni con el contenido de la información de la documental secuestrada”.

En cuanto a la Sentencia definitiva  que alegaba la defensa ejercida por los abogados Daniela de los Ángeles Esper y Néstor Alejandro Gómez, el TSJ explica, a través de distintos fallos que sentaron precedentes, “que la gravedad institucional no se identifica con gravedad de los hechos o trascendencia pública de los mismos; tampoco puede basarse en la sola violación de derechos aún cuando éstos tengan raigambre constitucional. Ella se configura cuando “las cuestiones sometidas a juicio superan los intereses de los partícipes en la causa, de tal modo que ella conmueve a la comunidad entera, en sus valores más sustanciales y profundos...”

Con la declaración de inadmisible del recurso de casación presentado, la causa iniciada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba seguirá su curso, y los acusados de ejercicio ilegal de la profesión podrán ser juzgados por tal motivo, investigación que continua en manos del fiscal Alberione.