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Perpetua para Menéndez y Barreiro en el juicio La Perla

Perpetua para Menéndez y Barreiro en el juicio La Perla

El proceso judicial más grande de la historia de Córdoba finalizó ayer jueves con la sentencia a prisión perpetua para 28 acusados de los hechos cometidos por la dictadura militar en los centros clandestinos de La Perla, Campo la Ribera y el D2. Dentro de las víctimas había cuatro sanfrancisqueños. Conocé su historia y la venganza que los llevó a la desaparición y muerte.

Con la presencia de Sonia Torres, Estela de Carlotto, el gobernador Juan Schiaretti y su vice Martín Llaryora, el juez Jaime Díaz Gavier inició la lectura de la sentencia por el juicio de La Perla.

Luciano Benjamín Menéndez recibió su 14ª condena perpetua por delitos de lesa humanidad y es el genocida que mayor cantidad de penas máximas acumula. Esa sanción la recibió por primera vez Ernesto Guillermo Barreiro, quien no había podido ser juzgado hasta el momento con severidad. Hasta el juicio el jefe de inteligencia y de interrogadores en La Perla había permanecido impune luego de que en 2007 fuera deportado de los Estados Unidos.

Además Héctor Pedro Vergez recibió la misma pena por su participación en el Comando Libertadores de América e integrante de "la Patota" en el mayor centro clandestino de Córdoba.  También recibió la pena máxima Mirta Graciela Antón, alias 'La Cuca', la única mujer entre los imputados. Su activa participación en la D2, más hechos en la comisaría de Unquillo y la brigada operativa de Pilar.

No escapó de la perpetua el "Tucán grande" Carlos Yanicelli, que incluso llegó a ser Director de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba en 1997.

El resto de los que recibieron la máxima condena: Ricardo Lardone, Yamil Jabour, Ernesto Padován, Calixto Flores, Héctor Romero, Arnoldo López, Jorge González Navarro, Herminio Antón, Carlos Díaz, Juan Molina, Alberto Choux, Miguel Ángel Gómez, José Herrera, Eduardo Grandi, Jorge Gorleri, Jorge Acosta, Héctor Hugo Chilo, Luis Martela, Luis Gustavo Diedrichs, Alberto Lucero y Marcelo Luna.

¿Los absueltos? Fueron cinco: José Vélez, Ángel Corvalán, Juan Cerutti, Antonio Filliz y Francisco Melfi.

En su despedida del recinto, el condenado Arnoldo José López, junto a otros de sus pares, no evitaron agraviar a los presentes con gestos provocativos.

 

 

La venganza que llevó a la muerte a cuatro sanfrancisqueños

Vale la pena recordar que dentro de la gigantesca causa judicial (más de 450 víctimas del terrorismo de estado) se encontraba la desaparición forzada de cuatro sanfrancisqueños,  Carlos Paez, Oscar Liwacki, Nora Peretti y Gustavo Gallardo. Ocurrida en la madrugada del 12 de mayo de 1976 cuando un grupo del Comando Libertadores de América, con la ciudad liberada de presencia policial, entre las 2 y las 4 horas, secuestró al matrimonio conformado por Nora Peretti y Gustavo Gallardo, abogados laboralistas; al secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio Oscar V. Liwacki y el obrero de la construcción Néstor C. Páez.

En este sentido, el abogado Claudio Oroz, en representación de la agrupación HIJOS, solicitó que se investigue a los antiguos propietarios de La Voz de San Justo por su supuesta vinculación con los genocidas de la Dictadura Cívico-Empresarial-Militar de 1976. El pedido del abogado estaba basado en que integrantes de la familia propietaria del matutino local podría haber actuado como entregadores de estas y muchas otras desapariciones y asesinatos que se dieron en San Francisco.

Carlos Alejandro "Charly" Martínez Noria, familiar directo de los propietarios de La Voz de San Justo aparece en la lista  descalcificada por el anterior gobierno nacional como  personal civil que prestó servicio de inteligencia en el periodo 1976 – 1983.

Vale la pena destacar que este archivo se desclasificó luego de una larga lucha del Archivo Nacional dela Memoria y organismos de Derechos Humanos de todo el país.

Noria estaba sindicado como “entregador” y por haber realizado tareas de inteligencia. Además se lo relaciona con los cuatro sanfrancisqueños desaparecidos, dado que cuando ocurrió el “tampierazo” (el 30 de julio de 1973, casi tres años antes del golpe militar), el movimiento contó con un amplio apoyo de Peretti, Gallardo, Liwacki  y Paez. En dicha protesta liderada por la CGT local, la casa del director del diario en ese entonces, Dr. Joaquín Gregorio Martínez, fue destruida y posteriormente prendida fuego por los manifestantes. La agresión a la casa de Martínez habría estado relacionada con que éste había sido abogado de los propietarios de la fábrica de pastas “Tampieri”, quienes adeudaban a los trabajadores 4 quincenas de sus haberes. En dicha protesta terminó muerto un joven de 16 años producto de un disparo de arma de fuego.

Posteriormente, tres años después del tampierazo, la familia Martinez se habría tomado venganza pidiendo la “cabeza” de estas cuatro personas, por intermedio de Noria y de otros familiares cercanos a la dictadura militar. Incluso en una editorial publicada en aquel tiempo habían pedido “limpiar los elementos subversivos, extremistas” la ciudad.

Uno de las testigos que declaró en el juicio, José Castro, recordó que una editorial del diario de abril de 1976, después del golpe cívico-militar, "directamente pidió la sangre de los organizadores de aquel acto, señalando como autor intelectual de los incidentes a Gallardo".

"Para nosotros quedó claro que fue una venganza impulsada por Martínez y vaya a saber quién más. Es evidente que se movieron porque alguien tenía que pagar por el Tampierazo", contó.

40 años después, la justicia cierra gran parte de esta historia escrita con sangre. Igual en el camino quedan muchos puntos oscuros que parecen que no saldrán a la luz, sobre todo relacionados a personas de nuestra ciudad y su participación en el terrorismo de estado, que dejó en nuestra ciudad más de 70 personas desaparecidas y asesinadas.

  

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