Judiciales analizan profundizar las medidas de fuerza Destacado

El miércoles se realizará una asamblea general extraordinaria. Los empleados continúan con el trabajo a código y las asambleas. Aseguran que las negociaciones con el TSJ están estancadas.

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) de Córdoba estudia la posibilidad de profundizar el plan de lucha que viene sosteniendo en reclamo de una suba salarial que achique la brecha entre lo que perciben empleados y funcionaros judiciales. Durante toda esta semana se han realizado asambleas en los diferentes edificios tribunalicios de la provincia, mientras se continúa con el trabajo a código.

 

En diálogo con Comercio y Justicia, la secretaria general del gremio, Irina Santesteban, adelantó que el próximo miércoles realizarán una asamblea general extraordinaria que incluirá el interior provincial, de la cual podrá salir la decisión de concretar un paro de actividades. Santesteban aseguró que están estacandas las negociaciones con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) relativas a política salarial.

 

“García Allocco (presidente del TSJ) nos recibió durante la feria, nos escuchó, pero no hubo avances en los reclamos planteados”, subrayó. El reclamo de los empleados judiciales está directamente relacionado con la aprobación de la ley de equiparación salarial que gozan desde fines del año pasado los jueces y funcionarios judiciales provinciales con sus pares federales. Según esa normativa, los magistrados de la provincia deben cobrar 90% de los salarios de los jueces de la Nación. Así, cada vez que la Corte ordena un aumento salarial también se ven beneficiados los magistrados de Córdoba.

 

“La brecha tras esta ley ha crecido de una manera increíble, la diferencia entre lo que cobra un empleado y un juez ya llega a 40 % del salario”, explicó Santesteban a este medio. Cuando en diciembre se aprobó la equiparación de los jueces, el gremio concurrió a la Legislatura y pidió que también se sancione una ley de remuneraciones para los empleados del Poder Judicial, que no es otra cosa que una normativa que “enganche” el salario de los jueces con el de los empleados judiciales. Nada de ello ocurrió y éstos continúan recibiendo el aumento que el gobierno provincial otorga a los empleados públicos, que este año fue de 26%.

 

 

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