Empleados Judiciales Protestaron en San Francisco por Mejores Salarios y Condiciones Laborales
Este martes, empleados judiciales autoconvocados de la provincia de Córdoba llevaron a cabo un "abrazo simbólico" a los Tribunales de San Francisco para manifestarse contra la insuficiencia salarial y las precarias condiciones laborales que enfrentan. La movilización se produjo en medio de un creciente descontento por la falta de respuestas gremiales y la pérdida de poder adquisitivo.
El reclamo surge ante la marcada brecha salarial entre trabajadores judiciales y empleados de sectores privados y públicos. Según cifras aportadas por los manifestantes, hasta febrero de 2025, un empleado judicial sin título y con un año de antigüedad percibe un salario neto de $797.304,23, mientras que uno con cinco años de experiencia llega a $894.470,58. En contraste, un trabajador administrativo de comercio con funciones similares cobra entre $908.164 y $951.775.
Asimismo, destacaron que un auxiliar judicial con título de abogado y siete años de antigüedad recibe $1.238.400,84, cifra que aún se encuentra por debajo del salario básico de un docente con 27 horas semanales, estimado en $1.302.000.
"Un empleado judicial con un año de antigüedad apenas supera la línea de indigencia", denunció uno de los trabajadores durante la manifestación, subrayando que el alto costo del alquiler, que representa más del 50% de sus ingresos, agrava la situación.
Los manifestantes también expresaron su descontento con la actuación del gremio AGEPJ, al que acusan de no defender adecuadamente sus derechos ni exigir mejoras salariales acorde a la inflación. "No hay exigencia para que nuestros sueldos se equiparen con los de los empleados de la Justicia Federal, que desempeñan tareas similares", señalaron.
En su petitorio, los empleados exigieron a sus representantes gremiales que reclamen una recomposición salarial urgente y definitiva, en línea con el acuerdo N° 245 y la Ley Provincial 9725.
El reclamo, que contó con amplia participación de trabajadores, busca visibilizar las condiciones laborales de un sector clave para el funcionamiento del sistema judicial y demandar medidas concretas para mejorar su calidad de vida.